El Partido Popular de Puerto Real, ha querido salir al paso de la noticia que en los últimos días abruma al gobierno municipal de la localidad, tras la imputación de una de las ediles del Ayuntamiento, por un presunto delito de estafa a inmigrantes.
Desde las filas populares se pide encarecidamente, la dimisión inmediata de Mónica González, actual delegada de hacienda en Puerto Real. Los intengrantes del partido entienden que, “apartar a una persona del ejercicio de sus funciones que está procesada por un supuesto delito de estafa y de asociación para delinquir sería lo más sensato y lógico, máxime si es la persona responsable de las cuentas de un municipio de más de 45.000 habitantes”, aseveran.
“Asimismo, no es razonable que se supedite la continuidad de esta persona en su cargo a las Asambleas de los partidos del equipo de gobierno, ya que no son los afiliados de las organizaciones políticas quienes deben tomar una decisión que afecta a todo el municipio, pues se está concediendo poder institucional a quien no puede ni debe tenerlo”, puntualizan.
Para el PP, las palabras del alcalde, Antonio Romero en defensa de su compañera carecen de solidez, pues no son más que palabrería contradictoria y confusa para no dar las explicaciones necesarias ni asumir responsabilidades. Contrasta la poca contundencia que se ha tenido respecto a esta imputación frente a la enérgica condena que se ha hecho a personas imputadas de otros.
Para finalizar, el Partido Popular, exige a Antonio Romero, que explique por qué si tenía conocimiento sobre este caso, no se ha informado a la ciudadanía cuando se decidió concurrir con esta persona en su candidatura. De igual forma solicitan, que deje de intentar desvirtuar la atención sobre este tema y actúe con contundencia y no se pierda una oportunidad de actuar conforme predicó en campaña electoral.
