Redacción | El Puerto.- La Policía Nacional ha llevado a cabo una charla-coloquio con la Asociación Pro Derecho Humanos de Andalucía (APDHA) y Arco Iris para poner en conocimiento de éstas las nuevas modificaciones sobre los delitos de odio que se han recogido en el Código Penal, así como la incidencia de este tipo de hechos delictivos en la sociedad. La reunión se realizó en el Salón de Actos del Centro Cívico Norte, y contó con la asistencia de los representantes y miembros de las asociaciones citadas.
Estas organizaciones que trabajan directamente con personas y colectivos vulnerables y, por ello, potencialmente victimas de delitos de odio, han recibido la información sobre estos supuestos por parte de la Policía Nacional. Con este encuentro se pretende establecer una relación de confianza entre colectivos vulnerables, asociaciones implicadas y la Policía Nacional que ayude a prevenir, y en su caso, detectar acciones delictivas de odio.
La reunión ha cumplido con los objetivos previstos por la Policía Nacional
El primero, el de mantener un contacto en el que intercambiar impresiones y acercar el trabajo policial a estos colectivos. Y en segundo lugar, el ofrecer una información clara sobre qué son los delitos de odio, cómo prevenirlos e instruir sobre la forma más eficaz de denunciar este tipo de hechos delictivos.
Estos delitos no son otros que los delitos cometidos contra personas, o bienes de éstas, por motivos discriminatorios xenófobos, contra la identidad sexual, la libertad religiosa, las personas en riesgo de exclusión social, etc.
Por ello, se entiende fundamental por parte de la Policía Nacional establecer los contactos necesarios con las asociaciones implicadas con estos colectivos para poder dar una respuesta más efectiva a dicha problemática.
Los delitos de odio: la figura del interlocutor social de la Policía Nacional
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”.
Bajo esta afirmación, la Constitución Española consagra como valores superiores la igualdad, y para hacer ésta efectiva encarga a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos en que se integra sean reales y efectivas.
Por ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el cumplimiento de su mandato constitucional de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, se erigen como los principales garantes de que se den tales circunstancias de convivencia.
En este sentido, la Secretaría de Estado de Seguridad aprueba, en su Instrucción nº 16/2014, El Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para los Delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación.
Donde se establece como prioridad luchar contra aquellas infracciones administrativas o penales que ponen de manifiesto o se basan en cualquier tipo de discriminación o acto discriminatorio, que son las conductas que han tomado el nombre de “delitos de odio” o “hate crimes”, y en las que podemos encontrar motivos racistas, orientación sexual, creencias religiosas, antisemitismo, discapacidad y aporofobia, entre otras.
Uno de los puntos destacables de este protocolo es la creación del Interlocutor Social, figura que será desempeñada por funcionarios, en el caso de la Policía Nacional, pertenecientes a las unidades de Participación Ciudadana.
La Unidades de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, ejerciendo las funciones de interlocutor social, tienen como objetivo principal el establecimiento de contactos periódicos con las organizaciones representativas de colectivos vulnerables para atender las preocupaciones y dificultades que se puedan presentar, con el fin de poder ofrecer una respuesta más eficaz policialmente a esta problemática.
