No es la primera vez que el Ayuntamiento de Rota ofrece detalles sobre este caso en cuestión. Ya se informó a representantes de la plataforma presentes en el pleno ordinario celebrado la pasada semana, que el Ayuntamiento no es quien decide instalar la antena, ni tampoco tiene autoridad para ordenar que se paralice su instalación.
“Sobre la denuncia pública, en relación a la colocación de una antena para telefonía móvil en la zona de EL Molino queremos trasladar a los ciudadanos las formas en las que se ha tramitado la licencia, y las facultades a la hora de llevar a cabo la licencia o su prohibición”, indicó
“La solicitud para que se pusiese en marcha la antena data del año 2.011. En ese momento se comenzó con el trámite de calificación ambiental, y se dio traslado para que los vecinos manifestaran lo que creían oportuno”, explicó en su exposición inicial. “El caso se resolvió en abril de 2.012, por parte del anterior Equipo de Gobierno, momento en el que se dio el visto bueno a la colocación de la antena”, indicó
Manrique ha explicado que la necesidad de realizar una zanja ha sido el único motivo que ha retrasado la licencia definitiva. “Hasta finales de año 2.015, concretamente el 27 de octubre, no fue cuando se concedió la licencia, una vez cumplimentada toda la documentación con el pago de las tasas correspondientes, y los informes positivos de los técnicos que han intervenido en la materia”, advirtió.
Postura política del Ayuntamiento
“Durante este trámite de la licencia recordar que hubo un pleno el 20 de julio de 2.014, cuando RRUU presentó una moción para que los distintos grupos políticos rechazasen la Ley de Telecomunicaciones del Gobierno de la Nación. Además RRUU hizo suya una propuesta de EQUO, en la cual además de manifestarse en contra, se pedía un mapa de electro radiaciones de Rota. Se aprobó en el pleno una moción de Sí se Puede Rota para instar al Ministerio para que hiciese mediciones de radioactividad, y se hiciese un mapa de radiofrecuencia”, recordó.
Lo que en su momento era un Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, ahora es una Ley aprobada por las Cortes Generales que coarta el campo de acción de los ayuntamientos, y deja un amplio margen para que las empresas puedan montar este tipo de antenas.
“Esta ley indica permite que las compañías que solicitan la instalación tienen un gran margen discrecional, hasta el punto de que no se le puede negar la colocación. En casos vale con una declaración responsable. La realidad es que tienen un gran margen que coarta la posibilidad de actuar de los ayuntamientos”, explicó.
Casos que sientan jurisprudencia
“Con la ley en la mano, y con la competencia del Estado, el Ayuntamiento no puede aprobar una ordenanza que establezca requisitos con condiciones adicionales a la que indica la propia ley”, indicó.
“No hay una constatación científica de que puede ser perjudicial este tipo de antena. No obstante hay estudios que indican que podría ser perjudicial lo que alerta nuestra sensibilidad. Tenemos que articular una medida para que las antenas no proliferen y que el impacto sea mínimo. Pero una cosa es nuestra voluntad, y otra es lo que podemos hacer”, indicó.
Visita de Técnicos de la Consejería
“Compartimos la preocupación de la Plataforma, pero La Ley nos deja hacer lo que nos deja hacer, no más Entendemos la preocupación, y queremos trabajar para ver exactamente qué podemos hacer con las compañías que ofrecen estos servicios”
Además, conforme a lo que se aprobó en noviembre de 2015, se trasladó al Ministerio que efectuara mediciones de radiocatividad electrónica y el mapa de radiofrecuencia. “Si al final el Ministerio se negara a realizar este trabajo, el compromiso es que se encargaría ese trabajo para tener toda la información disponible de la situación actual”, indicó.
Utilización Política
“No puede un dirigente político pedir a un gobierno que incumpla una ley. Eso es para nota, quien tenga que ponérsela”, añadió.
“No vamos a incumplir las leyes. Cumplimos todas las leyes, las que nos gustan más, las que nos gustan menos o las que no nos gustan nada, como es este caso. Porque desde que accedes al cargo público decides acatar la legislación, y esa es la voluntad popular. No queremos que haya demagogia. Queremos que se le diga a la ciudadanía que el Ayuntamiento no puede tomar medidas en casos en los que la ley faculta”, concluyó.
