La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha emplazado al Gobierno central a que reclame a la Unión Europea (UE) que dé luz verde, “de una vez”, al Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) para España, que acumula varios meses de retraso, pues fue presentado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) en febrero. En una comparecencia en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía, Ortiz ha enfatizado que esta demora “condiciona la puesta en marcha de buena parte de las actuaciones previstas” en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Para Carmen Ortiz, el Gobierno de España “debe hacer valer la importancia de nuestro sector pesquero y acuícola ante las instituciones comunitarias y conseguir el definitivo visto bueno al programa”. Una vez que la UE valide el plan hay que constituir una comisión de seguimiento y aprobar los criterios para la selección de proyectos. La aprobación inmediata del programa se hace aun más necesaria, según la consejera, cuando el Gobierno ha recortado en 99,9 millones de euros la asignación que recibirá Andalucía del FEMP en el nuevo marco 2014-2020 con respecto al periodo anterior (la reducción de los fondos europeos es de 75,5 millones de euros, a los que hay que sumar 24,4 por la supresión de la parte de cofinanciación que aportaba el Estado). Y ello, pese a que, como ha recordado la consejera, Andalucía ha sido “la única comunidad autónoma que ha ejecutado el 100% del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013”.
Ortiz ha puesto en contraste con este recorte del Gobierno, el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía, que en los Presupuestos Autonómicos para 2016 ha duplicado la dotación dirigida a la pesca y la acuicultura, que se eleva a 30,3 millones de euros, cuando en el año 2015 ha sido de 14,3 millones. Pero el desbloqueo del Plan Operativo es esencial porque los fondos europeos serán la principal fuente de financiación de la Estrategia Andaluza 2014-2020 para la pesca extractiva, el marisqueo, la transformación y la comercialización de los productos pesqueros, que la Consejería va a poner en marcha para seguir avanzando en el apoyo al sector.
La consejera ha destacado que las medidas adoptadas en el marco anterior han contribuido a la creación de 1.577 puestos de trabajo, cifra a la que hay que añadir el empleo generado por los Grupos de Desarrollo Pesquero, otros 297 para. A ello hay que unir el esfuerzo de la flota para ajustar la capacidad de pesca a los recursos de los caladeros, con 58,5 millones de euros en ayudas a los armadores para el desguace de 224 buques. Y también el respaldo a la paralización temporal de la actividad mediante indemnizaciones y compensaciones económicas a armadores y tripulantes, un capítulo que, desde 2008, se ha traducido en una inyección de 49,2 millones de euros de la que se han beneficiado 1.008 buques y sus 5.495 tripulantes.
Asimismo, dentro de esta misma línea, se han favorecido las inversiones a bordo de los buques con más de cuatro millones de euros para insistir en el compromiso con la sostenibilidad ambiental y económica, lo que ha permitido que 593 barcos hayan avanzado en términos de modernización y se hayan adaptado a los planteamientos comunitarios. En esta misma línea, Andalucía se ha erigido en la única comunidad autónoma que ha financiado un proyecto de pesca costera artesanal (identificación y conservación del voraz y su promoción en los mercados).
La consejera ha remarcado que igualmente se han destinado 33,1 millones de euros al desarrollo de la acuicultura marina, gracias a los cuales 28 empresas han incrementado su capacidad de producción, 45 han ampliado y modernizado sus explotaciones y otras dos han invertido en medidas hidroambientales.
Aguas interiores, acuicultura y marisqueo
En su comparecencia, la consejera ha aclarado que, en materia de pesca, la comunidad autónoma ostenta competencias exclusivas sólo en lo que concierne a las aguas interiores, la acuicultura y el marisqueo, y no sobre las aguas exteriores, que corresponden al Estado. No obstante, como ha expuesto ante la comparecencia solicitada por la formación popular en la Comisión de Agricultura para informar sobre las medidas de apoyo a la flota pesquera con base en los puertos de Algeciras y La Línea de la Concepción y que opera en los caladeros de la Bahía de Algeciras, “la Junta de Andalucía siempre ha estado al lado del sector, para defender sus intereses, con independencia de las aguas en las que faene”.
Entre las medidas concretas a esa zona, Carmen Ortiz ha aludido, entre otras, al respaldo y reconocimiento de la Organización de Productores Pesqueros de La Atunara para la pesca del corruco o el impulso de un Plan de gestión de las dragas mecanizadas del litoral mediterráneo que incluye a los marisqueros de La Línea de la Concepción y de Algeciras.
Atún rojo
En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la posible comercialización como atún rojo de productos que no lo son, la consejera ha aseverado que el 100% de las capturas llevadas a cabo por los 58 barcos de pesca andaluces (36 palangreros y 22 barcos artesanales del Estrecho) y las cuatro almadrabas dedicadas a esta especie son “efectivamente, de atún rojo”. Ortiz ha explicado que “así lo confirman los estrictos controles que se realizan tanto por parte del Ministerio como por la propia Consejería, en las almadrabas, en las lonjas y en los canales de comercialización”.
El problema, según ha precisado la consejera, radica en las importaciones procedentes de terceros países y caladeros internacionales, principalmente, del Pacífico y del Índico, que puedan entrar a través de los Puestos de Inspección Fronterizos dependientes del Ministerio de Sanidad, cuya vigilancia, por tanto, corresponde al Estado. Ante esto, ha subrayado que “desde Andalucía hemos tomado medidas para atajar esta competencia desleal, trasladando a los representantes del sector esta circunstancia, trabajando para mejorar el conocimiento técnico de los productos de la pesca por parte de los distintos operadores (mayoristas, minoristas, restauración…) y recabando la intervención de las autoridades de consumo para que lleven a cabo las oportunas actuaciones en defensa de los consumidores”.
