La delegada de Fomento y Vivienda, Gemma Araujo, se ha comprometido a mediar con otras administraciones y a establecer medidas para intentar aminorar los efectos que tiene la competencia desleal en el colectivo de empresarios de transportes interurbanos de viajeros en autobuses de Cádiz, con cuya asociación ha mantenido hoy su primera toma de contacto.
Este colectivo, uno de los más antiguos del tejido asociativo empresarial de la provincia que aglutina a alrededor de 1.700 empleados, entre conductores y personal administrativo, ha presentado sus principales reivindicaciones a la delegada.
Así, entre otros aspectos, han mostrado su preocupación por la falta de flexibilidad horaria en el momento de someter los autobuses a las ITV, limitado a horarios de mañana de lunes a viernes sin la posibilidad pasarla a los sábados, con el consiguiente perjuicio de no contar con el autobús para realizar los servicios de transporte escolar o de líneas de viajeros. De igual manera, según apunta el colectivo, la rigidez a la que son sometidos sus vehículos a la hora de pasar la ITV, que no se corresponde con los protocolos que utilizan las Estaciones ITV de otras provincias, supone que empresas transportistas de fuera de Cádiz, incluso de otras autonomías, funcionen con mayores ventajas que ellos.
En el mismo sentido critican la competencia desleal de la que son objeto por parte de empresas turísticas que ofertan desplazamientos a sus clientes en vehículos de nueve plazas, sin autorización de transporte público ni seguro de responsabilidad civil ilimitada, ofreciendo el conductor y facturando el servicio de transporte de manera ilegal. Esta situación de competencia desleal, según apunta el colectivo, se está extendiendo a la oferta de servicios que algunos taxistas con vehículo de 7 ó 9 plazas realizan para desplazar a clientes incumpliendo las condiciones de su licencia. También han denunciado los perjuicios que les proporcionan los trenes turísticos que, con una autorización como transporte especial por parte del Ayuntamiento, en muchos casos funcionan entre municipios y como transporte escolar sin las garantías ni los controles rigurosos a los que se ven constantemente sometidos los autobuses que realizan este tipo de servicios.
Ante tales circunstancias, la delegada de Fomento y Vivienda se ha comprometido a enviar a todos los ayuntamientos un escrito advirtiéndoles sobre la normativa que rige este tipo de trenes, con los que el nivel de exigencia es menor, así como sobre la necesidad de limitar sus usos.
Gemma Araujo también ha asegurado al colectivo de empresarios de transporte interurbano de viajeros en autobús que volverá a realizar las gestiones oportunas para intentar que el Gobierno Central habilite un carril especial para la entrada y salida de los autobuses de Gibraltar, trámite que sigue resultando conflictivo.
La misma disposición tendrá a la hora de pedir al Ministerio de Fomento que extienda la reducción del peaje en la AP-4 que ahora se mantiene para los camiones a los autobuses, evitando así que circulen por la N-IV, con los beneficios que ello conlleva para la seguridad del viajero.
Finalmente, Araujo se ha comprometido a convocar una reunión de coordinación con representantes de Industria, Educación y Fomento y Vivienda para tratar de planificar y adecuar las paradas para el transporte escolar.
“Este encuentro ha servido para conocer más los planteamientos y el funcionamiento de un colectivo de empresarios que es pieza clave en el transporte de la provincia y con el que queremos seguir manteniendo reuniones para tratar de mejorar o cambiar aquellos aspectos que no benefician a la calidad del servicio que se presta”, ha concluido Araujo.
