Redacción | San Fernando.- El presidente del Partido Popular de San Fernando, José Loaiza, ha comparecido ante los medios de comunicación, para mostrar su repulsa por los hechos ocurridos con una concejal del equipo de gobierno. Una información que corrió como la pólvora y que no han dejado indiferentes a nadie, y menos al PP que pide la dimisión de la citada concejal y de la máxima responsable de la localidad.
Para Loaiza, este comportamiento es muy grave, más aun cuando llega de un cargo público, “ya que éste, debe ser muy escrupuloso en el ejercicio de su función”. Es por ello que “incitar, no resolver un problema, dar los datos de una vivienda, dar nombres y apellidos de personas que han ocupado casas u ofrecer un manual de como ocupar una vivienda, es romper los fundamentos del estado de derecho”, asevera.
Ha criticado, la falta de solución aportada por la concejal de Servicios Sociales durante todo este tiempo, ya que ha tenido herramientas o manera suficientes para reclamar a quién le corresponde dar solución al problema de vivienda y política social y no lo ha hecho. Y con ello se refiere a la Junta de Andalucía, en la cual recaen todas las competencias en esta materia.
Por tal situación, Loaiza lanza una pregunta a la concejal de Servicios Sociales para conocer : ¿Cuántas veces ha actuado de la misma manera? Y es que según argumenta, en la transcripción de esa famosa conversación, se desprende que no ha sido la primera vez. Unas acciones, que a pesar de las disculpas ofrecidas este fin de semana, no convencen a los populares, los mismos que reiteran la dimisión inmediata de Ana Lorenzo.
A quién también ha querido lanzar alguna que otra pregunta, es a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, sobre esta cuestión. Por un lado quiere saber ¿Si ha sido ella la que ha dado orden para que Lorenzo actúe de esa manera? ¿Si tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Servicios Sociales? O sí ¿ampara estas acciones de la concejal?. Así las cosas, el PP espera respuesta inmediata. De seguir guardando silencio, puntualizan, Cavada también tendría que dimitir.
Con todo este asunto, que no deja títere con cabeza, la formación popular afirma que serán ellos, lo que denuncien públicamente y ante los organismos competentes lo ocurrido en la delegación de Servicios Sociales. En primer lugar por saltarse la ley y en segundo por vulnerar la Ley de Protección de Datos.
