El Partido Popular propone ayudas para adaptar los Eurotaxis en Andalucía

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El portavoz del Transportes del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, Antonio
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Redacción | Provincia.- El portavoz del Transportes del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, Antonio Saldaña, anuncia la presentación de una iniciativa parlamentaria con la que solicitar a la Junta la puesta  en marcha de líneas de ayudas a los taxistas andaluces dirigidas a “facilitar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, así como la ejecución de los objetivos para garantizar un transporte público adaptado antes de diciembre de 2017”.

Con carácter específico la propuesta de los populares andaluces busca que el Gobierno andaluz “cree un programa de incentivos a fin de que los Ayuntamientos de la región puedan hacer frente a los requisitos del Real Decreto 1544/2007, que obliga a que haya un mínimo del cinco por ciento de taxis adaptados o Eurotaxis en todos los municipios”, apunta Saldaña.

Así, el dirigente popular detalla que la iniciativa del PP-A se encuadra dentro de tres líneas de actuación, a través de distintos programas: un primero de incentivo económico a la “adquisición, renovación y/o adaptación” del Eurotaxis, variable entre 4.000 y 6.000 euros por vehículo; un segundo también de impulso económico para sufragar los costes de mantenimiento del Eurotaxis, variable entre 1.200  y 2.500 euros al año por vehículo; y un tercero para Bonotaxi dirigido a impulsar y facilitar la demanda, lo que se traduce en una bonificación de la tarifa del taxi a personas con certificado de movilidad reducida.

Desde el Partido Popular, Saldaña indica que “atendiendo a los últimos informes sobre la flota de taxis accesibles en las ciudades de más de 50.000 habitantes realizados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en Andalucía no se alcanza aún el cinco por ciento de taxis accesibles o adaptados y únicamente un 30% de los municipios andaluces más poblados presentan un porcentaje de ‘Euro taxis’ superior al 5% establecido por la normativa. “Aunque se ha avanzado en los dos últimos años con el esfuerzo principalmente de los taxistas andaluces todavía queda mucho por hacer”, afirma el dirigente popular.

Igualmente, añade que otra de las conclusiones importantes que destaca el informe del CERMI es que “la mayoría de los municipios andaluces no ha adoptado, ni adopta medidas para el fomento del taxi adaptado o Eurotaxi”, una circunstancia existente en el 86,3 por ciento de los municipios mayores de 50.000 habitantes y prácticamente en el “cien por  cien” de los municipios menores.

Ante ello, el PP propone a la administración autonómica “implicación y apoyo” al cumplimiento de los objetivos de accesibilidad en el transporte público, que -recuerda- se deben llevar a cabo antes de diciembre de 2017. Asimismo, insta al Ejecutivo andaluz a tomar conciencia de que “ante esta realidad subyacen circunstancias de carácter económico que necesitan de incentivos si la administración pretende que se cumplan los requisitos del servicio público accesible”.

En esta línea, el dirigente popular explica que el coste de adquisición de un vehículo con las características técnicas para poder ser adaptado es superior a un vehículo normal y el coste de adaptación del mismo se estima en torno a los 9.000 euros. Además añade, que atendiendo a los datos indicados por los profesionales del sector del taxi “el coste de puesta en marcha y funcionamiento de un Eurotaxi es tres veces superior al de un vehículo normal no adaptado”.

El parlamentario andaluz concluye asegurando que “la adquisición, adaptación y mantenimiento de un Eurotaxis no es rentable y mucho menos comparando con un vehículo no adaptado y que presta un servicio normalizado”. Así, desde las filas del PP, esperan no sólo que dicha propuesta sea “aceptada y aprobada” por unanimidad en la Cámara andaluza, sino que también se “ejecute” y tanto los usuarios de taxis adaptados como los profesionales del sector en Andalucía puedan sentirse respaldados por la administración autonómica.

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